CARRUSEL: En el Congreso: primera probada del agarre en el “Chayogate”

La Comisión: Ahora sí, proceso en marcha

Este miércoles allá en Hermosillo, se cumplió la segunda parte de lo que marca el protocolo cuando se solicita juicio político contra alguna autoridad ante el Congreso del Estado, en este caso la alcaldesa de Navojoa Chayito Quintero, el ex secretario del Ayuntamiento, Jesús Guadalupe Morales Valenzuela y el tesorero Jesús Covarrubias Aguilar.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tiene en sus manos, ahora sí formalmente, el expediente y la obligación de darle curso como se lo marca la ley.

¿Significa esto que Chayito Quintero y su asesor de cabecera están con un pie afuera y además a punto de que se les finquen responsabilidades, incluso hasta de tipo penal, por las acusaciones que pesan en su contra?

No necesariamente. Falta un trecho para eso: el mismo que también deberán esperar la propia presidenta municipal y su Maquiavelo de huarache, para que los diputados emitan un fallo definitivo.

No hay nada para nadie, pues, salvo que ahora hay un árbitro hipotéticamente imparcial en el zipizape de doña Chayo con sus acusadores, encabezados por los regidores Carlos Quiroz (PAN), Teresita Álvarez (Morena) y Berenice Jiménez (PAN), los que con su firma y ratificación abren el proceso legal en el Congreso.

¿Por qué hipotéticamente?
Porque como señalamos antes aquí, en el caso no intervienen sólo las razones jurídicas, sino también las políticas, y ya se sabe que en México por esos vericuetos lo mismo se sacrifica a personajes incómodos que se les extiende manto protector, así sean unos redomados pillos para medio mundo.

En ese tenor, ya se vieron chispazos en el mismo acto donde se ratificó la denuncia, pues el coordinador de la mini bancada del PAN, Gildardo Real Ramírez, informó que si bien uno de sus compañeros, Jesús Eduardo Urbina Lucero, no hizo suya la causa, éste dice que tampoco eludirá su responsabilidad de estudiar el expediente y votarlo en consecuencia, en estricto apego a lo que marca la ley.

Seguramente cuando escucharon que Urbina no se sumó a la petición de juicio por su bancada, los porristas de la alcaldesa fueron por las matracas, pero todo quedó en intento cuando el propio legislador albiazul advirtió a todos que el de Navojoa “ya no es conflicto político, sino legal”, y en revire a los Morenistas ironizó que tampoco se trata de ver si Chayito Quintero “es la madre Teresa de Calcuta” o no.

Por eso le digo, estimado lector, que a fuerzas lo legal terminará contaminándose de lo político, y de eso dieron una probadita los miembros de la Comisión de Gobernación, porque también saltó a la palestra el legislador Morenista Héctor Raúl Castelo, que agarró monte y se sacó de la manga un lacrimógeno rollo en contra de revanchismos, abogando por la reconciliación entre las diversas fuerzas políticas.

Nada más le faltó parafrasear a su gurú el Peje, con aquella cantaleta de la “república amorosa” y pronunciarse por repartir besos y abrazos –con todo y coronavirus-, en vez de juicios políticos.

Y si antes de abrir siquiera el expediente ya anda enviando guiños y apapachos, no es difícil vaticinar el sentido de su voto, así lo atiborren con evidencias y pruebas de que la alcaldesa anda mal, porque el señor ya enarboló su bandera de amor y paz.

Nada más le faltaron los pantalones acampanados, con florecitas bordadas y el greñero hippie.

Más mesurada se vio María Dolores del Río, a quien los regidores promoventes del juicio tacharon semanas atrás de “demagoga” por hacerse chombita con las denuncias que le hicieron llegar.

Esta vez, la también presidenta de la Comisión Anticorrupción llamó a evitar que el caso de partidice y a llevar el proceso “lo más claro, objetivo y apegado a la ley, para estar todos tranquilos”.

Ante el inminente zafarrancho verbal, Del Río aclaró que “No es momento de discusión; apenas nos van a entregar el expediente”, y advirtió que a la hora de analizarlo los diputados deben tener en mente que “No se trata de nosotros, se trata de Navojoa”.

Y si bien el tete-a-tete ya dio una pincelada de lo que se avecina a la hora de meterle lupa al caso, el presidente de la Comisión, Jesús Alonso Montes Piña, fue muy claro y enfático al advertir a quienes como en el corrido ya andaban queriendo pelear, que la sesión sólo fue para la ratificación de la denuncia como lo marca la ley, no para enfrascarse en discusiones adelantadas.

¿Qué sigue ahora, fuera de los gritos y sombrerazos?

Héctor Raúl Castelo: Salió muy “amoroso”

La ley establece que la Comisión de Gobernación tiene diez días hábiles para dictaminar “si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos sujetos a responsabilidad política y si la denuncia y las pruebas ofrecidas ameritan la incoación del procedimiento”.

Pero también contempla que “Si la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales considera improcedente la acusación, la rechazará fundando y motivando su resolución”.

Habrá que esperar esos 10 días hábiles, pues, y seguramente uno o varios agarrones ríspidos al interior de la Comisión, integrada, como lo adelantamos, por 9 miembros: Montes Piña (PES) como presidente, y en calidad de secretarios 3 diputados de Morena, dos del PRI y uno de Movimiento Ciudadano, del PT y del PAN.

De los Morenistas, si bien Héctor Raúl Castelo ya dio “color” y Griselda Soto es abiertamente pro-Chayo, faltaría saber para dónde agarra su compañero de bancada Norberto Ortega Torres y cuántos otros de la oposición se decanta a favor de enjuiciar a la alcaldesa, a su poeta de cabecera y al tesorero.

Porque aún aprobando que se les enjuicie, estaríamos hablando de un proceso que llevaría meses de acuerdo a los plazos legales.

Muchas cosas pueden pasar todavía, entre ellas que con los tiempos electorales encima, la alcaldesa y el poeta agarren otras lianas, como ya de hecho las andan buscando.

Entonces, como dicen los abogados, se actualizaría el sabio dicho aquél de “a conejo ido, pedradas al matorral”.

Veremos y diremos.