Especialistas rechazan propuesta presentada por AMLO para modificar Presupuesto

Ciudad de México.- En el Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados de manera virtual para analizar la iniciativa presidencial de Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, los especialistas invitados rechazaron la constitucionalidad de la propuesta, la ausencia de precisión sobre en qué circunstancias habría emergencia económica, ampliarlo a otro tipo de coyunturas que afecten al presupuesto.

En materia económica, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de “México Evalúa” planteó que ha llegado el momento de constituir un consejo económico que determine las necesidades de reasignación de presupuesto en caso de emergencias.

Dijo que en la propuesta hay una flexibilidad excesiva en las adecuaciones que el Ejecutivo federal puede hacer al gasto sin una debida rendición de cuentas y sin contrapeso, por lo que se requiere coordinación entre los dos poderes, así como habilitar a las autoridades para materializar los objetivos de política pública.

Resaltó que la pandemia hará que la recaudación del gobierno disminuya de manera considerable en más de 3%, y la emergencia económica que se vive supera lo que se visualiza en el predictamen, y pidió emprender políticas contracíclicas.

Por su parte, el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Juan Villarreal Páez, consideró necesarios cambios a la iniciativa, pues hay ambigüedad y está mal justificada la propuesta, además de que no hay reglas claras sobre la temporalidad de la emergencia.

Y alertó que si la reforma es al vapor, entonces no se tendrá la capacidad de responder a la emergencia por el COVID-19. “En este momento, parece que lo que nos mueve son las urgencias, pero esperemos salir pronto de este bache. El tipo de instituciones que salgan de esta discusión pueden brindarle un gran servicio al país”.

Además, del Instituto de Instigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés Ríos propuso que la emergencia económica sea declarada por la Cámara de Diputados y que pueda emitirse cuando lo ameriten condiciones de salubridad general, lo que incluye epidemias o problemas críticos de carácter ambiental, dado que afecta el presupuesto.

En la iniciativa, dijo, “falta sintonía en los conceptos” pues no se define a la emergencia económica, quién la hace, ni establece su temporalidad.

Asimismo, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, destacó la importancia de que el Congreso tenga una agenda legislativa propia, robusta y en sintonía con los desafíos que se enfrentan. “Son muchas las materias que requiere, ajustes normativos que deben provenir del órgano legislativo”.

Puntualizó que la propuesta tiene que definir bien a qué se refiere con emergencia económica y buscar el fundamento constitucional para incluirla en una ley secundaria. Mencionó que el proyecto no deja claro cuál es la bolsa de recursos de la que se podría disponer bajo el supuesto de emergencia económica por parte del Ejecutivo.

“No está claro si son los recursos exclusivamente del gobierno federal o si pueden considerarse a reorientar los recursos para los órganos constitucionales autónomos o las participaciones y transferencias que ya fueron aprobadas para las entidades federativas”, explicó el integrante de la UNAM.

En este contexto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, expresó que la iniciativa del Ejecutivo, lejos de verla como una amenaza se debe visualizar como una oportunidad para hacerle al país un nuevo marco jurídico que diga qué hacer con el presupuesto cuando se tiene una crisis de este tamaño.

Es fundamental, dijo, definir cuándo se puede declarar una emergencia económica, que no es lo mismo el tener algunos años de baja actividad económica, lo que significa adecuar el gasto público a la nueva realidad y a las nuevas prioridades, cómo hacer esos ajustes respetando la división de poderes y sin que la Cámara de Diputados vea vulnerada su facultad exclusiva de decidir el destino de los recursos públicos en México.

Delgado Carrillo precisó que el objetivo es cómo aprovechamos esta coyuntura para acotar la discrecionalidad y que sea más eficaz la facultad constitucional de los diputados, de efectivamente decidir el destino del gasto público. “Yo creo que ese es el reto que tenemos enfrente. Ojalá lo asumamos con mucha responsabilidad”.

Hizo votos por perfeccionar esta legislación, que es única e inédita; “queremos que sea una reforma para sentirnos orgullosos y dejar preparado al país para crisis posteriores, que permita la actuación oportuna del gobierno y que fortalezca la división de poderes y la facultad de control de fiscalización y aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados”.