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Realizan redadas en el Vaticano por caso de corrupción

El papa Francisco recita la oración del Angelus desde la ventana de su despacho frente a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el domingo 16 de febrero de 2020.(AP)

El fiscal del Vaticano autorizó las confiscaciones y registros, que resultaron de los interrogatorios de cinco personas.


CIUDAD DEL VATICANO.- La policía del Vaticano realizó nuevas redadas como parte de una investigación de corrupción en una fallida empresa de bienes raíces con sede en Londres, enfocándose en un prelado del Vaticano que firmó los contratos para el acuerdo que incluye un edificio de apartamentos de lujo.

Se incautaron documentos y computadoras de la oficina y el hogar de monseñor Alberto Perlasca, un antiguo jefe de despacho de la Secretaría de Estado, informó el Vaticano el martes.

Un comunicado de prensa enfatizó que Perlasca, quien fue transferido discretamente a un puesto en el tribunal superior del Vaticano mientras avanzaba la investigación sobre bienes raíces el verano pasado, disfruta de la presunción de inocencia.

El fiscal del Vaticano autorizó las confiscaciones y registros, que resultaron de los interrogatorios de cinco personas que fueron suspendidas después de una redada previa, según el comunicado. La policía allanó la secretaría de Estado y la agencia de vigilancia financiera del Vaticano, la Autoridad de Información Financiera el 1 de octubre.

Hasta la fecha, los fiscales del Vaticano no han acusado a nadie. El ritmo y las brechas en el caso indican que la investigación involucró en parte una lucha interna en el Vaticano.

La mayor parte de la orden de allanamiento inicial ordenada por el fiscal del Vaticano se refería a la inversión realizada en 2012 por la Secretaría de Estado de 150 millones de euros (165 millones de dólares) en un edificio de apartamentos de lujo en el barrio londinense de Chelsea.

La hipoteca resultó ser onerosa, la propiedad perdió valor en medio de las preocupaciones por el Brexit y los intermediarios que administraban la empresa estaban ganando millones del Vaticano en honorarios.

En 2018, la secretaría de Estado decidió comprar el edificio directamente, pero necesitaba un préstamo adicional de 150 millones de euros del banco del Vaticano para comprar su parte a los demás inversores y extinguir la hipoteca.

El director del banco y la oficina del auditor general alertaron a los fiscales del Vaticano, alegando que la compra parecía sospechosa, lo que provocó las redadas.

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